Justicia para todos, no sólo en beneficio de algunos

La actuación de los fiscales que trataron de contener la marcha campesina en el departamento de Santa Cruz es positiva, pero no podían haber asumido esa misma decisión para contener las agresiones racistas de la Unión Juvenil Cruceñista que apaleó a personas con rasgos indígenas en pleno centro de la capital de Santa Cruz?
La actuación de los fiscales que trataron de contener la marcha campesina en el departamento de Santa Cruz es positiva, pero no podían haber asumido esa misma decisión para contener las agresiones racistas de la Unión Juvenil Cruceñista que apaleó a personas con rasgos indígenas en pleno centro de la capital de Santa Cruz?
El pasado 22 de septiembre, 60 funcionarios de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz intentaron llegar hasta uno de los bloqueos que se realizaba en ese departamento. Vanos fueron los intentos que, pese a que se escudaron con algunos medios de comunicación, no tuvieron otra que retroceder (escapar) de los campesinos marchistas que empezaban a ponerse nerviosos ante la sorpresiva visita.
Según las informaciones previas, los fiscales querían dialogar con las organizaciones movilizadas, a fin de pedir que se desarmen antes de ingresar a la capital cruceña, como tenían previsto.
Los marchistas, que acaban de desmovilizarse, en un acto de tregua social, hasta que se firmen los acuerdos entre el gobierno y las prefecturas, demandaban la renuncia del prefecto cruceño Rubén Costas y exigían la devolución de las instituciones públicas estatales tomadas por los cívicos y unionistas.
Pero Buena Vista, donde se intentó desarmar a los movilizados a través de la persuasión de los fiscales, fue testigo de la doble moral que se impusieron estos funcionarios (quizás por orden de alguien). Pese al riesgo que esto implicaba viajaron 100 kilómetros para dicho cometido.
La pregunta es: ¿por qué no hicieron lo mismo cuando decenas de fascistas armados tomaron las instituciones públicas en sus propias narices? ¿Por qué no visitan, a pocas cuadras de sus oficinas las instalaciones del Comité Cívico y piden el desarme de los grupos paramilitares incrustados allí? Si quieren pacificación ¿qué les cuesta persuadir a los unionistas, cívicos y prefecto, a deponer las actitudes belicosas y discursos irrespetuosos hacia los funcionarios de gobierno?
Está claro que los fiscales quieren hacer justicia sólo cuando les conviene o cuando el “jefe” se los pide. Nada más falta saber a quién obedecen y cuáles son sus intenciones que por lo visto, no es la de hacer justicia con equidad.