La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, ve con preocupación que la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del departamento de Santa Cruz, actúe con total impunidad, en hechos violentos que han generado tensiones sociales y étnicas, informaron el miércoles fuentes de esa entidad.Según el informe anual 2008 de esta instancia de las Naciones Unidas, ni la Policía Nacional, ni el Ministerio Público han tomado medidas efectivas para controlar a este grupo civil que es motivado políticamente y que se ha organizado como "grupo de choque", protegido por "importantes grupos de poder político o económico que tienen influencia sobre autoridades judiciales locales".
La Unión Juvenil Cruceñista es el brazo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz, férreo opositor del Presidente Evo Morales.
El año pasado, la UJC se autodenominó "Ejército democrático" y negó que tuviera un propósito sedicioso, sino de "defensa de la autonomía, el estado de derecho, la democracia y la libertad". Su directiva asegura contar con 80 mil inscritos como militantes, tanto en la ciudad como en las provincias.
Pero el informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, describe que durante la consulta departamental del 4 de mayo de 2008 en Santa Cruz, la UJC, junto a otros grupos de choque, estuvieron involucrados en varios disturbios y confrontaciones contra seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Muchos de los miembros de estos grupos fueron vistos transitando libremente con escudos, palos, petardos y hondas. Aunque ese día no ocurrieron mayores incidentes, sus acciones y su comportamiento beligerante, fueron justificados por el prefecto (Rubén Costas, ex dirigente cívico) y por el Comité Cívico", manifiesta el documento que fue presentado este miércoles.
La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma también que la violencia fue ejercida el 2008, por grupos que respaldan al Gobierno.
Señala que en La Paz, el Comité Cívico Popular fue presuntamente responsable de agresiones verbales y físicas a periodistas, Policía y al Defensor del Pueblo, y que a pesar de que algunos de los agresores fueron identificados, las autoridades competentes no los detuvieron ni intentaron prevenir nuevos ataques.
"Sólo al final del año, dos integrantes del Comité fueron sujeto de investigación", concluye el informe referido a la violencia política que se registró el pasado año.
