¿De verdad nunca has visto de cerca de estos hermanos y hermanas guaraníes que ocupan el más bajo nivel de la sociedad boliviana? ¿No son acaso los más pequeños de los más pequeños, es decir los predilectos de Jesús de Nazaret? ¿No sería de esperar de un obispo católico que fuera el primero en denunciar ese hecho, en lugar de pedir pruebas del mismo?
Así comienza una carta pública que Rafael Puente, ex jesuita, le remitió al Cardenal Julio Terrazas. Y acierta Puente al afirmar que no pocos terminaron indignados con las declaraciones del Cardenal, quien hace una semana sorprendió a todos cuando puso en duda que existiera esclavitud de familias guaraníes en varias regiones del Chaco.
“Se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos, pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans, con palabras ofensivas”, dijo Terrazas. Buen espaldarazo para los terratenientes que se opusieron al saneamiento de tierras en Camiri, precisamente, uno de los lugares en los que existe esclavitud de familias guaraníes.
Tiempos de cambio para la Iglesia
La sorpresa se debió a que fue la propia Iglesia Católica la que, el año 2000, en su Carta Pastoral Tierra, Madre Fecunda para todos, denunció los regímenes servidumbrales verificados en Bolivia.
Refiriéndose a los trabajadores de la Amazonía, quienes se diferencian de las familias cautivas en apenas algunos detalles, la Iglesia Católica denunciaba que están sometidos “a sistemas abusivos de empatronamiento, a un régimen de habilito y endeudamiento permanente y a explotaciones adicionales”, vergonzosas “formas modernas y disfrazadas de esclavitud”.
Las pruebas que exigió el Cardenal
Ya el año 2005, el Defensor del Pueblo emitió una Resolución Defensorial después de haber investigado de oficio la servidumbre y empatronamiento de familias guaraníes en el Chaco boliviano.
Obviamente, la investigación se hizo después de múltiples denuncias de las organizaciones matrices de este pueblo indígena y de investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales patrocinadas por la propia iglesia que, entre otras, coadyuvaron en la investigación.
En esa resolución, el Defensor del Pueblo realizó entrevistas y encuestas por muestreo aleatorio en 50 haciendas y estableció que en la generalidad de ellas se evidenció la existencia de familias guaraníes empatronadas, “cuya situación de sometimiento y servidumbre era minimizada por los propietarios”.
Allí, “el endeudamiento tiene vigencia y funciona como un mecanismo normal de trabajo. La jornada laboral es de 10 a 12 horas al día. No existe salario y el pago es efectuado como resultado del endeudamiento en forma de anticipos que se entregan en dinero y especie, habitualmente en ropa usada y alimentos”, denunció el Defensor.
Esa misma resolución estableció que “las familias cautivas no cuentan con servicios de asistencia médica. Si sufren accidentes, las curaciones son préstamos anotados en su cuenta. Existen niños que se encuentran en calidad de préstamo hacia el patrón y trabajan a cambio de alimentación”.
Por todas estas iniquidades evidenciadas, el Defensor del Pueblo exigió al Gobierno “elaborar e implementar una estrategia integral y sostenida para atender, resolver y erradicar la problemática de la servidumbre y empadronamiento en el Chaco boliviano”.
La acción del Gobierno
Fue en cumplimiento de esa resolución defensorial, (de cumplimiento obligatorio, además), que el Gobierno elaboró un Plan Interministerial Transitorio 2007 – 2008 para el Pueblo Guaraní.
Este plan tiene como finalidad “garantizar los derechos individuales y colectivos de las personas, familias y comunidades del Pueblo Guaraní cautivas en el Chaco boliviano”, región que abarca los departamentos de Chuquisaca, donde se realizó la investigación del Defensor del Pueblo, además de Santa Cruz y Tarija, donde lo evidenciado por el Defensor se reproduce.
Pero el respeto a los derechos indígenas del Pueblo Guaraní pasa, necesariamente, por impulsar un proceso de reconstitución territorial a través de la ejecución de procesos de saneamiento y replanteo de la propiedad agraria, porque sólo así se asegurará a las familias liberadas condiciones de vida digna. De lo contrario, el plan sería otro conjunto de frases muertas, como los múltiples intentos anteriores de devolver la dignidad a estas familias esclavizadas.
El saneamiento
El pueblo guaraní solicitó la reconstitución de su territorio en 1996, es decir, hace más de doce años. Esta demanda fue admitida un año después y, mediante una Resolución Administrativa, el INRA inmovilizó 54 mil hectáreas de tierras ubicadas en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera. Posteriormente, el año 2007 se sumaron a esta demanda otras áreas ubicadas en la provincia Luis Calvo de Chuquisaca, por algo más de 157 mil hectáreas.
Todo este proceso fue seguido de cerca por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, el año 2006, llegó a Bolivia a evidenciar la grave situación de las familias guaraníes cautivas.
Pero, como era de esperarse, el saneamiento chocó con la frontal y hasta armada oposición de los terratenientes. Uno de ellos -con suficientes motivos para ser el más aguerrido- fue Ronald Larsen.
Larsen, según información oficial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) posee junto a su familia un total de 17 propiedades en esta zona. Estas propiedades totalizan una superficie de 57.145 hectáreas, una extensión que significa tres veces la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz.
Un escándalo
A esta altura, el escritorio del Cardenal Julio Terrazas debe encontrarse inundado por las pruebas demandadas y, lamentablemente, excusarse del escándalo arguyendo haber sido descontextualizado en sus declaraciones parece no ser suficiente.
No en vano, la Asamblea de Derechos Humanos le recordó que las “formas contemporáneas de esclavización” son precisamente todas aquellas denunciadas en la Carta Pastoral del 2000 y coinciden, como calcadas, con todo lo evidenciado por las instituciones competentes. “¿No lees los documentos de Naciones Unidas que afirman lo que tú pretendes negar?”, le reprochó Rafael Puente.
Y no sólo eso. Varios sacerdotes, como Xavier Albó o Walter Aguirre, sacerdote que trabaja en Alto Parapetí, confirmaron la existencia de esclavitud en el Chaco. La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) le exigió abstenerse de hablar “sin conocimiento de causa”.
Pareciera que todos obedecen a Puente, que increpó al Cardenal diciéndole: ¿Por qué no pides información a los varios sacerdotes que sí son solidarios con las comunidades cautivas y que podrían darte datos y datos hasta hacerte llorar?
Varios medios de comunicación, especialmente virtuales, se hicieron eco de la carta abierta de Rafael Puente. Quizá porque él expresó, mejor que nadie, las dudas que las declaraciones de Terrazas dejaron al descubierto.
“¿Es posible que tu nivel jerárquico te haya alejado tanto de los pobres a quienes de joven defendías, hasta el extremo de poner en duda lo que sólo los hacendados esclavistas se atreven a negar? ¿A dónde se fue aquel cura vallegrandino que defendía a los pobres y que era acusado de comunista por los golpistas de los años setenta?”, cuestionó Puente y remató diciendo: ¿Cuál es el Señor en el que ahora crees, Julio, Cardenal Terrazas? Te saludo y te convoco a que nos mires de frente…
Daniela Otero
SALUDOS IVAN Y TAMMY!!
